ALTERNATIVAS LEGALES ANTE LA CRISIS DEL COVID-19

¿Qué hacer y cómo afrontar la crisis del Covid-19?

“Debido a la difícil situación en la que nos encontramos como consecuencia de la declaración del estado de alarma acordado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se han adoptado por parte del Gobierno una serie de medidas urgentes de diversa índole, que inciden directamente en el ámbito tanto profesional como personal de los ciudadanos. Por ello, es necesario conocer la realidad jurídica que nos ampara, con el objetivo de ajustar y adaptar nuestras circunstancias de la mejor manera a las medidas impuestas por el Estado:

  • Ámbito laboral: una de las alternativas más conocidas desde la adopción del estado de alarma, son los famosos Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Como consecuencia de la paralización económica y con el objetivo de disminuir los daños que la crisis del COVID-19 va a ocasionar, el Gobierno ha anunciado la flexibilización de este mecanismo como opción para que las empresas puedan suspender temporalmente, de forma parcial o total, el desarrollo de la actividad laboral, o bien reducir temporalmente la jornada. No obstante, debido al abuso de este mecanismo por parte de las empresas, la Autoridad Laboral se ha visto obligada a revisar dichos expedientes para evitar su utilización abusiva y fraudulenta, primando la importancia de acreditar, de manera motivada y suficiente, la necesidad de adopción de dicha medida en cada caso concreto. Al mismo tiempo, se ha de tener en cuenta una serie de peculiaridades reconocidas al trabajador: la exención del periodo de cotización, así como la inclusión en las medidas laborales adoptadas, de una pretendida prohibición de los despidos durante el estado de alarma, entre otras cosas.
  • Contratos: los particulares, profesionales y empresarios van a encontrarse con serias dificultades para poder cumplir con las obligaciones derivadas de muchos contratos que suscribieron en circunstancias “normales”, muy lejos de las concurrentes en la actualidad. Nuestro ordenamiento jurídico prevé como principio del derecho la denominada cláusula “rebus sic stantibus”, que todo contrato lleva implícita, en virtud de la cual se permite resolver o modificar la relación contractual siempre que exista un desequilibrio o alteración sustancial de las circunstancias concurrentes que llevaron a adoptar dicho acuerdo. Dicha cláusula tácitamente pactada se interpreta a su vez junto con la cláusula “pacta sunt servanda”, principio fundamento del derecho por medio de cual se considera que el contrato obliga a los contratantes y debe ser puntualmente cumplido, sin excusa ni pretexto. Por ello se hace necesario apreciar las circunstancias de cada caso en concreto y ajustar lo estipulado por las partes, en la medida de lo posible, a la situación que atravesamos, teniendo en cuenta las herramientas jurídicas que aplican conforme a nuestro Derecho.
  • Materia tributaria: las medidas adoptadas en materia fiscal consisten básicamente en flexibilizar los aplazamientos del pago de impuestos, previa solicitud, con bonificación parcial en los tipos de interés aplicable por el aplazamiento, dentro de los límites establecidos por el Gobierno. A su vez se prevé la suspensión de los plazos en el ámbito tributario, relacionados con el pago de deudas tributarias, vencimientos para contestar requerimientos, trámite de alegaciones, notificados antes de la entrada en vigor del RD Ley 8/2020, y siempre que el plazo no haya concluido. Para los que se notifiquen con posterioridad a la entrada en vigor del RD Ley, el plazo se suspenderá con las implicaciones previstas, salvo que por aplicación de una norma general éste resultare mayor.
  • Inspecciones de Hacienda: la economía va a verse dañada, de forma que una pista de por dónde pueden ir las comprobaciones e inspecciones de Hacienda nos la puede dar la anterior crisis económica -iniciada en el año 2008-. Las inspecciones de Hacienda son anti-cíclicas, esto es, se intensifican en época de crisis y recaen sobre ejercicios en los que hubo cierta bonanza. Los posibles focos de atención en las inspecciones pueden ser: las ventas / ingresos no declarados y la lucha contra la economía sumergida en general; planificaciones fiscales agresivas por parte de aquellos que, sin contar con un asesoramiento prudente, opten por una solución arriesgada; las rentas no declaradas en el extranjero, así como las derivaciones de responsabilidad en todas sus vertientes, especialmente en las sucesiones de empresas; las relaciones de facturación con terceros; el carácter deducible de los gastos de explotación declarados, entre otros. Por ello, conviene repasar los criterios fiscales que se han seguido -a nivel empresarial y también personal- en los últimos cuatro años, y analizar si pasarían, o no, por el tamiz de la Inspección de los Tributos, tanto para evaluar una posible regularización voluntaria, como para preparar nuestra defensa.
  • Materia societaria: existen alternativas y flexibilidad en el ámbito societario a adoptar por parte de las empresas, como son: celebración por videoconferencia de las sesiones de órganos de gobierno (consejos de administración, juntas directivas, patronatos, consejos rectores) aunque no consten en los estatutos sociales, y también mediante votación por escrito y sin sesión siempre que se den los requisitos pertinentes; el plazo de formulación de las cuentas anuales queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo a contar desde esa fecha; así ocurre con el plazo para la auditoría obligatoria de las cuentas anuales; se ha de tener en cuenta las peculiaridades respecto a las juntas generales; Al mismo tiempo, las empresas y socios deberán contemplar lo siguiente: no se podrá ejercitar el derecho de separación de socios hasta que finalice el estado de alarma; así como tampoco acordar la disolución de la sociedad; la responsabilidad de administradores quedará amparada durante el estado de alarma; existe un aplazamiento del reintegro de las aportaciones a socios que causen baja durante el estado de alarma, entre otras cosas.
  • Materia concursal: la Ley Concursal prevé una herramienta previa al concurso de acreedores, que es de gran utilidad para aquellas empresas (y empresarios individuales) que atreviesen periodos de crisis, como la que estamos viviendo, y se encuentren imposibilitados para atender a sus obligaciones económicas a raíz de las medidas adoptadas por el estado de alarma. Ante la insolvencia y falta de liquidez de los empresarios para atender a los pagos exigidos por su actividad económica, los mismos disponen de un periodo de 3 meses (más un mes adicional) en el que reestructurar o refinanciar su deuda y tomar las medidas oportunas para la prosperidad de su negocio. El acogimiento a este beneficio que aporta la Ley, debe realizarse mediante comunicación escrita al Juzgado en el plazo de 2 meses desde que se conozca (o se haya debido conocer) la causa de insolvencia. A diferencia del concurso de acreedores propiamente dicho, durante este periodo el órgano de administración de la empresa mantendrá sus plenas facultades para gestionar y dirigir el negocio; tampoco podrán efectuarse ejecuciones de bienes y derechos necesarios para el desarrollo de la actividad; la comunicación mantendrá carácter reservado. Además, la solicitud del “preconcurso” evita que el administrador de la empresa incurra en responsabilidad, eludiendo las perjudiciales consecuencias económicas y legales (incluso penales) que puede derivar. Una pronta y exitosa comunicación de dicha circunstancia puede permitir a la empresa superar esta puntual situación de insolvencia y evitar verse inmersa en el procedimiento concursal, salvaguardando la responsabilidad de sus administradores.
  • Reordenación societaria y patrimonial preventiva: existen diversos mecanismos jurídicos preventivos, e incluso neutros fiscalmente, que permiten mejorar las condiciones de producción, distribución y económicas de la empresa, y minimizar el impacto de una crisis en el patrimonio empresarial e individual, tales como: adopción de un tipo societario distinto, que produzca la limitación de responsabilidades personales (transformación); aportación de nuestra actividad empresarial individual a una sociedad limitada; división de las diferentes actividades empresariales y del patrimonio de una sociedad en varias, para diversificar y aislar los riesgos (escisión); constitución de grupo de sociedades encabezamos por una holding, facilitando la gestión sin costes fiscales añadidos; unificación de varias entidades en una sola para aumentar su valor (fusión); otorgamiento de capitulaciones matrimoniales con separación de bienes, y la revocación del consentimiento a la actividad empresarial del cónyuge.

Por todo ello, se considera imprescindible a todos los particulares, empresas y profesionales, que actúen con la mayor celeridad posible en defensa de sus derechos e intereses, para paliar así, en la medida de lo posible, el impacto negativo que esta difícil situación económica y social va a provocar. En definitiva, la adopción -a tiempo y con estricto respeto de la legalidad- de las medidas oportunas para ayudar a la continuidad de los negocios y evitar un estado de insolvencia que afecte a todo nuestro patrimonio.”


María Torroba Moreno
Abogada
Martínez-Echevarría Abogados

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